Su
majestad...la Sala VI
Prof. Tony García
Pérez
Productor
Grupo Monumental
En
Costa Rica, ya no es necesario, ni
Presidente, ni Diputados; pueden regresar
a sus casas, en este País de
incertidumbres, Don Abel, tiene que irse
a cuidar sus pacientes en el nosocomio
psiquiátrico y volver con sus
comentarios de muchas gracias en la
pantalla chica, y los del poder
Legislativo a sus empresas y negocios,
porque quieran o no aceptarlo, tenemos un
primerísimo poder, ah, y que poder;
imagínense, que los diputados, o sea,
los Padres y Madres de la Patria, para
que no se resienta doña Gloria la del
barrio, ya que era mi vecina; cuando
aprueban una ley, tiene que ir hasta las
alturas, allá donde se encuentran los
supremos poderes de la monarquía tica,
para saber si se ejecuta o no, desde
luego, el tiempo de espera; depende de lo
que vuestras señorías ordenen.
Otro
de los ejemplos de triste recuerdo,
convertido en pesadilla, fue el año
pasado, donde uno de las últimos
recursos de amparo, presentado por el ex
Presidente Rodrigo Carazo Odio, contra la
empresa de revisión técnica llamada
RITEVE, cuya presencia es una
vergüenza nacional, no solo
por el desconocimiento de nuestros
gobiernos, sobre la calidad profesional
de nuestras instituciones en esa materia,
tal es el caso del Instituto Nacional de
Aprendizaje INA, grupo de talleres
coordinados por ATICOS, colegios
vocacionales, etc, sino también, por los
miles y miles de millones de colones, que
deja de percibir el Tesoro Nacional, que
dicho sea de paso, pueden ser
fundamentales para nuestra maltrecha
economía, incluso, para el pago del
incentivo de las y los educadores, pero
aún, la soberana sala cuarta, no se ha
pronunciado; y como si fuera poco,
supuestamente, un ex magistrado de dicha
rectoría, formó parte, supuestamente,
como abogado en el nacimiento de esa
empresa; y para colmo de colmos, se
comprobó la existencia de cheques, de
Marvin Herrera, de TUASA, socio con más
del 40% de las acciones de RITEVE, dizque
por patriotismo, para colaborar
económicamente, como parte del
financiamiento de la fiesta cívica, en
la pasada campaña electoral de los ex
candidatos, Abel Pacheco y Rolando Araya;
pero, vaya patriotismo, cosas veredes
amigo Sancho, decía Don Quijote.
En
lo relacionado a la reelección
presidencial, ellos tienen la última
palabra, increíble poder, por encima del
pueblo, máxime que es el pueblo el que
vota y le debería tocar, por medio de un
plebiscito, decidir, si quiere, o no la
reelección; siempre aprendí, cuando era
niño, que democracia, etimológicamente
significaba ¨ el poder del pueblo ¨,
que pena, me enseñaron mal, o será que
nuestro sistema político está también
enredado, dado que antes de nacer la
omnipotente, lo que reinaba era la
partidocrasia, recuerdan?.
Para
no hacer muy largo este artículo, todos
estos días, han sido de tensión en todo
el País, por el inicio del curso
lectivo, si es en marzo o en febrero; el
Poder Ejecutivo y el Magisterio Nacional,
en actitud patriótica, deciden, que se
suspende el anacrónico convenio
centroamericano, porque NO HAY PLATA, el
déficit fiscal es inmanejable, pero el
Defensor de las leyes, perdón, de los
habitantes, junto a la temida poderosa
institución salacuarteña, que sin afán
de buscarle posibles soluciones a este
problema económico, cuyas repercusiones
para programas sociales, son alarmantes,
coartan dicha iniciativa del gobierno,
obligando al cumplimiento del convenio de
los 200 días nalga pegada al pupitre, es
decir, primero, las leyes son inflexibles
para sus ópticas, y están por encima
del interés social, para continuar con
un curso lectivo a golpe de tambor, desde
hace 6 años; aún cuando ley 7600,
relacionado a estudiantes con problemas
de aprendizaje, cuyo tratamiento tiene
que ser profesional dentro de la
educación especial, pero gracias a los
defensores de las leyes, seguimos las y
los educadores sin capacitación, y un
planeamiento como todo en mi apaleada
tiquicia, improvisación, rellenos,
ocurrencias, y lo más triste, seguir
tratando de tapar el sol con un dedo; a
pesar de la gran capacidad profesional y
vocacional del profesorado costarricense
y las buenas intenciones del Ministerio
de Educación Pública y la justificada
preocupación del Poder Ejecutivo.
AVE
CÉSAR
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